Estado de excepción aeroportuario

Vamos a imaginar a un guardia municipal que tuviera la costumbre de ir repartiendo pequeñas collejas a quienes se cruza en el metro o por la calle. Imaginemos a un guardia civil que, tras parar a un coche en carretera para hacer un control de alcoholemia, ordenara al conductor dar unos saltitos sobre la pierna derecha para así comprobar si está o no está sobrio. O pensemos en un policía uniformado que al pasar ante un banco ordene a la pareja que lo ocupa que se levante y durante un rato impida su uso porque es martes y así le apetece. No hace falta ser un experto en Derecho para entender que cada una de esas situaciones constituye una actuación arbitraria, abusiva, que nadie está obligado a soportar por mucho uniforme que lleve su autor. Ciertamente, no se trata de torturas, de humillaciones terribles de las que dejan secuelas. Pero un ciudadano de un estado de derecho no tiene por qué aguantar ni una sola de esas actitudes, y es probable que acabe denunciándolas, incluso ante una sola vez.

Cambiemos ahora el escenario, y pensemos en la lucha antiterrorista a través de medios tecnológicos tales como la videovigilancia en espacios públicos o las escuchas telefónicas. En uno y otro caso todos aceptamos su conveniencia por razones de seguridad, y su utilidad ha quedado bien acreditada en la historia reciente de nuestro país. Pero sabemos bien que estos medios, ciertamente invasivos de nuestra intimidad, o las grabaciones que de ellos resultan sólo pueden ponerse en práctica en el marco de reglas muy estrictas, cuya violación sería duramente sancionada para el funcionario que las incumpliera. Y ningún juez aceptaría la excusa de que así se nos protege mejor. Es más, para que funcione ese equilibrio entre seguridad necesaria y la garantía de un espacio de libertad, es indispensable que los ciudadanos sepan quién, cuándo y cómo puede verle en un circuito cerrado de televisión o pincharle el teléfono.

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